El Gobierno nacional comenzó a difundir un amplio anteproyecto de ley de desregulación económica elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger.
La propuesta, anticipada por la publicación Parlamentario.com, plantea una profunda revisión del marco normativo vigente mediante la modificación o derogación de decenas de leyes y cientos de artículos, con el objetivo de liberalizar actividades económicas, reducir exigencias regulatorias, impulsar la competencia, facilitar la incorporación de nuevas tecnologías y avanzar en la digitalización de trámites.
La iniciativa, estructurada en más de un centenar de artículos, alcanza a sectores tan diversos como la venta de medicamentos, el transporte marítimo, los fideicomisos, las garantías, los mercados de capitales y los arrendamientos rurales. Además, contempla cambios en el Código Civil y Comercial y la derogación de normas históricas vinculadas con actividades específicas, entre ellas las relacionadas con la promoción vitivinícola, el corretaje, los traductores públicos y la regulación del gas licuado de petróleo.
Según el texto, la reforma busca disminuir la intervención estatal en distintos mercados y eliminar restricciones que el Gobierno considera innecesarias, en línea con la agenda de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.
Entre los aspectos que generan preocupación figura, en uno de los artículos, el futuro de los planes de ahorro para la compra de vehículos.
El especialista en planes de ahorro Pablo Piñeiro, conocido por su cuenta PlaneroDeLey en X, advirtió que el anteproyecto podría significar la eliminación del esquema regulatorio vigente desde hace más de ocho décadas.
“Lo que sí sabemos es que acaba de entrar un anteproyecto de ley al Congreso que seguramente en las próximas semanas, cuando termine la feria, se empiece a tratar y, parece, que vamos a eliminar absolutamente toda reglamentación de los planes de ahorro, desde el decreto de 1943 hasta el control que opera hoy la Inspección General de Justicia (IGJ)”, señaló.
Piñeiro destacó que los artículos 159 y 160 del proyecto prevén la derogación del decreto que históricamente reguló el sistema y establecen que los contratos de capitalización y ahorro para fines determinados quedarán sujetos exclusivamente al Código Civil y Comercial y a la Ley de Defensa del Consumidor.
“Claramente está hablando de planes de ahorro de autos. En resumen, lo que está diciendo es que pasarían a ser una relación de consumo como cualquier otra, como comprar una pava eléctrica en un supermercado”, sostuvo.
No obstante, aclaró que la iniciativa contempla una cláusula de transición para los contratos actualmente vigentes. “Los planes de ahorro que hoy están funcionando no tendrían cambios porque fueron comercializados bajo las condiciones oportunamente aprobadas por la IGJ. Lo que tendría cambios sería todo lo que se venda una vez que esta ley se promulgue”, explicó.
El especialista cuestionó la posibilidad de que desaparezcan los controles previos sobre la actividad. “Dejar absolutamente entre particulares el tema de los planes de ahorro y que cualquiera pueda crear una sociedad y empezar a vender planes sin que nadie lo controle me parece realmente una locura. Sería un Viva la Pepa”, afirmó.
A su juicio, la ausencia de supervisión podría incrementar los riesgos para los consumidores: “El día de mañana alguno va a adjudicar y se va a dar cuenta de que la empresa no existe más o que el dinero ahorrado fue utilizado para otra cosa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ir a Defensa del Consumidor? Sí, pero Defensa del Consumidor siempre llega tarde, cuando el problema ya ocurrió”.
Piñeiro remarcó que el sistema requiere mecanismos preventivos y no únicamente herramientas de reparación posteriores. “No podemos dejar librado a que cualquiera empiece a cobrar sumas de dinero a cambio de una promesa a futuro sin ningún tipo de control”, indicó.
Finalmente, consideró que la eventual eliminación de una regulación vigente desde hace 83 años sería un tema de especial gravedad para el sector. “Una cosa es modernizar el Estado o incluso actualizar la normativa vigente; otra muy distinta es borrar de un plumazo todos los controles que existen hace más de ocho décadas. Comprar un auto a través de este sistema sin ningún tipo de control sería una pésima decisión, no lo recomendaría jamás”, concluyó.
